La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría, un Proyecto de Resolución presentado por el diputado Raúl Soto, que solicita al Presidente Sebastián Piñera el diseño e implementación de una nueva política nacional energética y de combustibles, de carácter integral, la cual deberá contemplar mecanismos que estabilice de mejor manera el precio del combustible para los consumidores finales.

Además, la iniciativa contempla una rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles para personas particulares o consumidores mientras perdure la emergencia sanitaria del Covid-19; y eximir de dicho impuesto a los taxis básicos, taxis colectivos, y al transporte de pasajeros de zonas rurales, también durante la emergencia sanitaria.

Asimismo, el texto propone eliminar los beneficios tributarios establecidos en el decreto ley 311 del año 1986 a las grandes empresas de este país, como son las mineras, las empresas forestales, las navieras y también las empresas aeronáuticas; y acelerar el avance hacia la electro-movilidad. «Ya van 27 semanas consecutivas de alzas en el precio de los combustibles, lo que afecta principalmente a la clase media, los pequeños transportistas, y las pymes.

Tenemos que dar una señal de mayor justicia tributaria, alivianar la carga de gastos de las familias en medio de esta crisis, que son los que pagan en gran proporción este impuesto y, por otro lado, que la cuenta la paguen una vez las grandes empresas que sí están exentas y que sí tienen devolución», explicó Soto.

El parlamentario indicó que «por cada litro de bencina que los chilenos y chilenas y pequeños transportistas compran en una bomba de bencina pagan 312 pesos por litro por impuesto específico al combustible, si le sumamos el IVA son 100 pesos adicionales, es decir, que por cada litro los chilenos pagan 412 pesos sólo en impuestos, casi el 50%. Esto es absolutamente injusto, más aún en un escenario de crisis económico y social».