El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins y la Fiscalía Regional firmaron un inédito protocolo de colaboración para otorgar atención habitacional preferente a víctimas y testigos de delitos vinculados al crimen organizado, con reserva de identidad y acompañamiento especializado.

El acuerdo fue suscrito por el fiscal regional Aquiles Cubillos, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Luis Barraza, y la directora (s) del Serviu O’Higgins, Morín Contreras. Este protocolo busca facilitar soluciones habitacionales a personas en riesgo, especialmente en casos donde las víctimas no pueden regresar a sus hogares por amenazas o situaciones de peligro.

Según explicó el fiscal Cubillos, este modelo de movilidad habitacional es el primero en su tipo a nivel nacional y nace de la necesidad de proteger a quienes colaboran con investigaciones judiciales en contextos complejos. “Nos encontramos con casos en que las víctimas deben ser reubicadas urgentemente, y este mecanismo permite actuar de forma ágil y protegida”, indicó.

Desde el Ministerio de Vivienda destacaron que el convenio agiliza los procesos para acceder a subsidios, resguardando datos sensibles y fortaleciendo la institucionalidad en favor de quienes están en situación de doble vulnerabilidad: social y criminal. A través de este mecanismo, las contrapartes técnicas de Fiscalía, Serviu y la Seremi evaluarán cada caso y canalizarán las soluciones habitacionales más adecuadas, mediante asignaciones directas de subsidio.