La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Rancagua está en pleno proceso de evaluación de 342 solicitudes presentadas por internos que han sido propuestos por los tribunales de conducta de cuatro unidades penales dentro de la jurisdicción. Bajo la presidencia del ministro del tribunal de alzada, Michel González Carvajal, y con la participación de jueces de diferentes instancias judiciales, así como la secretaria de la Corte y de la comisión, Andrea Alfaro de la Fuente, esta comisión se ha dedicado a examinar estas solicitudes que involucran a reclusos de distintos centros penitenciarios, incluyendo el Centro Penitenciario de Rancagua, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Rengo, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Santa Cruz y el Centro de Detención Preventiva de Peumo.

El proceso de libertad condicional sigue las pautas establecidas en el Decreto Ley N° 321, modificado por la ley 21.124, que entró en vigor en enero de 2019. Estos requisitos incluyen haber cumplido al menos la mitad de la condena y dos tercios en el caso de delitos graves, mantener una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe psicosocial que analiza los factores de riesgo de reincidencia y la conciencia del delito.

Esta comisión, cuya labor es crucial en el sistema de justicia, se enfoca en una revisión detallada de cada caso, considerando la posibilidad de resocialización según los informes psicosociales presentados. Su trabajo busca garantizar que las solicitudes de libertad condicional se manejen con un análisis cuidadoso y fundamentado.