Los eventos meteorológicos ocurridos a fines de junio y agosto en la zona centro sur del país resultaron en crecidas de ríos, pérdida de infraestructura de riego y activación de quebradas e inundaciones en miles de hectáreas productivas. Estos sucesos fueron catalogados como una de las mayores catástrofes agroclimáticas en décadas.

Ante esta emergencia, tanto autoridades nacionales y regionales como actores del sector agrícola, evaluaron los impactos de las intensas lluvias y tomaron medidas para evaluar los daños y las necesidades del ámbito agrícola posterior a la emergencia.

El enfoque se centró en la entrega de apoyos inmediatos, como forraje animal y alimento avícola, para atender las necesidades más urgentes de los agricultores afectados. Además, se destinaron recursos significativos para rehabilitar la producción agrícola y reponer la infraestructura de riego gravemente afectada en la región.

Se dispusieron cerca de $9.200 millones de pesos como apoyo post emergencia a través de diversas instituciones y servicios, con el fin de abordar las distintas necesidades de los afectados.

Las ayudas tempranas se dirigieron inicialmente a la alimentación animal urgente, beneficiando a productores con praderas inundadas y forraje bajo el agua. Posteriormente, se facilitaron recursos para la rehabilitación de infraestructura de riego, a través de concursos especiales de emergencia y bonos destinados a canalistas y regantes afectados.

Además, se implementaron medidas para brindar apoyo financiero a las familias agrícolas que sufrieron pérdidas significativas en su actividad productiva. Esto se materializó mediante bonos de rehabilitación productiva entregados a agricultores afectados, con el objetivo de contribuir a su reactivación económica y la seguridad alimentaria de la región.