La acción buscó poner término a una situación irregular que se había mantenido en el tiempo y frente a la cual, previamente, se habían otorgado los plazos necesarios para que fuera subsanada. Ante la falta de respuesta, las autoridades determinaron actuar, reforzando un principio que calificaron como fundamental: las normas deben cumplirse y nadie puede situarse por sobre ellas.
Las autoridades recalcaron que la intervención no representa únicamente la recuperación física de un espacio, sino una señal respecto de la forma en que se enfrentarán aquellas situaciones que alteren la convivencia, vulneren la normativa o generen inseguridad en los barrios: recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado y devolver a las personas la confianza en que sus instituciones actúan cuando corresponde.