Con el objetivo de resguardar el correcto uso de los recursos públicos y asegurar que las viviendas financiadas mediante subsidios habitacionales cumplan su función social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reforzó el proceso de recepción de denuncias y fiscalización de inmuebles que podrían estar siendo utilizados de manera irregular.
En la Región de O’Higgins, durante junio y julio, los equipos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) efectuaron 111 fiscalizaciones. Estas acciones se enmarcan en el compromiso del Gobierno del presidente José Antonio Kast de fortalecer el control sobre la asignación y utilización de los beneficios estatales, priorizando a las familias que enfrentan una necesidad habitacional real.
Las denuncias pueden realizarse de manera completamente anónima en las oficinas del Serviu (Rancagua, San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu) o a través de la plataforma oficial denuncia.minvu.cl. Los antecedentes personales de quienes entregan información son confidenciales y se encuentran protegidos por la legislación vigente.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, destacó la importancia de la colaboración ciudadana para orientar las fiscalizaciones. “Me han llegado cientos de mensajes desde distintas regiones del país. Las personas pueden realizar su denuncia de manera anónima en la región correspondiente, tanto en el Serviu como a través de la plataforma web denuncia.minvu.cl. En O’Higgins ya hemos realizado 111 fiscalizaciones durante junio y julio, y continuaremos desplegados en terreno, vamos a resguardar que las viviendas sociales cumplan su verdadera función porque una de nuestras misiones es resguardar los recursos públicos y procurar que los subsidios lleguen a quienes realmente enfrentan una urgencia habitacional”, afirmó.
Entre las situaciones que pueden denunciarse se encuentran viviendas sociales arrendadas u ofrecidas en venta sin autorización del Serviu; inmuebles deshabitados o abandonados; viviendas ocupadas irregularmente por terceros; incumplimiento de la obligación de habitar personalmente la propiedad, y su utilización total para fines comerciales o distintos del habitacional.
Una vez recibida la denuncia, el Serviu revisa los antecedentes administrativos del inmueble y la documentación asociada al subsidio. Si existe mérito para continuar, funcionarios efectúan hasta tres visitas inspectivas para verificar quién ocupa la vivienda, si la familia beneficiaria reside en ella y si existen indicios de arriendo, abandono u otro uso no autorizado.
La presentación de una denuncia no implica que exista automáticamente una infracción. Cuando el uso irregular es acreditado, el Serviu puede iniciar acciones administrativas o judiciales, solicitar la restitución del subsidio y, en los casos que corresponda, recuperar el inmueble.
Una vez concluidos los procedimientos legales, las viviendas recuperadas pueden volver a ser administradas por el Serviu para su posterior asignación a familias que cumplan los requisitos. De esta manera, la fiscalización contribuye a que la inversión pública mantenga su finalidad y se traduzca en soluciones habitacionales efectivas para quienes más las necesitan.