Los parlamentarios Raul Soto y Natalia Romero, representantes del Distrito 15, presentaron oficios como respaldo de sus denuncias, y aclararon que su queja nunca fue solamente financiera sino que, enfocada en la gestión administrativa. Además, exigen que la rectora Fernanda Kri dé un paso al costado por el bien de la institución estatal.
Los diputados rechazan tajantemente las declaraciones de la rectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri. Esto, luego de que la autoridad universitaria buscara bajar el perfil a la gravedad de la crisis que vive la institución, insinuando que la información que motivó la acción parlamentaria no se ajustaba a la realidad.
Desde los congresistas se presenta el siguiente argumento:
“El Informe Final N° 760 emitido el 26 de diciembre de 2025 por la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, constató una serie de falencias graves en la gestión de honorarios de la universidad. Los números son elocuentes: al 31 de diciembre de 2024, la UOH tenía 2.296 personas contratadas a honorarios, con un gasto total de $8.594.276.359, superando en un 120% el gasto en personal de planta y contrata. Sin embargo, la auditoría reveló que el 99% de esos convenios —158 de 159 analizados— carecían del acto administrativo de respaldo exigido por ley.
Entre las irregularidades más graves que certificó el organismo contralor figuran el pago de $71.598.881 a una prestadora externa por funciones que la propia institución podía ejecutar con su personal habitual —sin rendiciones de cuenta y sin acreditar las gestiones realizadas—, por lo que Contraloría formuló reparo y abrió procedimiento disciplinario; contratos firmados en facsímil y no en original, contraviniendo el propio instructivo interno de la universidad; retrasos en el pago de honorarios de hasta 351 días hábiles en algunos casos; funcionarios contratados a honorarios que excedían el tope legal de 12 horas semanales establecido en la ley N° 21.094; personal a contrata que simultáneamente prestaba servicios a honorarios en la misma institución sin que se verificara el cumplimiento efectivo de sus horas; y contratos con labores definidas de manera tan vaga e imprecisa que era imposible verificar si las tareas se habían realizado”.