La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su sesión del martes un proyecto de ley que regula la extracción de áridos, enviándolo a tercer trámite en el Senado. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer normas claras para la actividad, incluyendo la certificación del origen y trazabilidad de los áridos, además de delimitar zonas de prohibición, planes de cierre en áreas específicas y medidas de fiscalización.

Durante el debate, se destacó la importancia de abordar los efectos adversos de la extracción indiscriminada, como la contaminación de las aguas y riesgos de desastres, entre ellos socavones, inundaciones y derrumbes. En la Región de O’Higgins, este problema se evidenció con fuerza durante las inundaciones de 2023, que afectaron a las comunas de Doñihue, Coltauco y Rengo, aunque las advertencias sobre estos impactos llevan décadas siendo tema de preocupación.

El proyecto también otorga a la Dirección de Obras Hidráulicas la facultad de declarar zonas de prohibición para nuevas extracciones y establece un marco de sanciones para infracciones, incluyendo multas. Sin embargo, se enfatizó que estas sanciones deben ser efectivas para evitar la degradación de los ríos y otros impactos ambientales asociados.

Un ejemplo emblemático de este problema es el caso de Áridos Cachapoal, cuya operación fue sancionada en mayo por el Tribunal Ambiental con multas por infracciones a la resolución de calificación ambiental y elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de un marco legal más robusto para proteger los cauces y evitar afectaciones a las comunidades y al medio ambiente.